Gestor de Notas de Prensa

 Potosí.- La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Potosí, inicio una investigación tras conocer de la presencia de niñas y niños de un kindergarten en una caminata en la que pedían paz y tranquilidad, ya que se estaría infringiendo la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente que prohíbe la “utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho”.

La Defensoría del Pueblo, ante la difusión de imágenes de cuerpos de víctimas de los infaustos hechos de octubre de 2003, en vallas publicitarias y gigantografías colocadas en varios puntos de la ciudad de El Alto, sin ningún tipo de respeto a la dignidad e imagen personal de ellas y sus familiares, y sin considerar que este tipo de material está expuesto públicamente a la vista de niños, niñas y adolescentes, y cuanto transeúnte recorra las vías donde están expuestas, expresa su rechazo enérgico y condena el uso insensible y con fines políticos de las mismas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

Una denuncia de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral a una adolescente de 16 años, quien hace siete años habría sido traslada hacia la ciudad de Lima en Perú, de donde habría escapado hasta esa población fronteriza, es el primer caso registrado por la recién creada Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Desaguadero.

La Defensoría del Pueblo presentó denuncia formal contra la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio paceño de Sapahaqui, de iniciales N.G.Z., quién de acuerdo a los indicios hallados por esta institución, habría incurrido en cinco delitos al no actuar según normativa, en el caso de una mujer con discapacidad auditiva que quedó embarazada tras ser víctima de una violación, y de su hija, una adolescente de 15 años, que habría sufrido abuso sexual por el mismo agresor de la madre.

Al conmemorar el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo llama a tomar conciencia sobre la realidad que enfrentan las víctimas de violencia sexual, de la situación niñas, niños y adolescentes, cuya vida e integridad no volverá a ser la misa y requieren de protección.

La situación de desprotección y las repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de feminicidio, hace necesario que se asuman medidas para garantizar su protección y desarrollo integral;  en ese contexto, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, elaboró un proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa, en el que propone que el Estado otorgue asistencia económica e integral para las hijas e hijos víctimas de este delito, a fin de asegurar que tengan un nivel de vida adecuado y que no se vea afectada la evolución paulatina de sus capacidades  cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ESTATAL INTEGRAL A HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este jueves informó sobre dos denuncias penales ante el Ministerio Público; una, por incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad; y otra, por incumplimiento de deberes y encubrimiento del delito de violación, contra servidores públicos que incurrieron en la vulneración del derechos de dos niñas de 12 años, oriundas de los municipios de Tiquipaya y Monteagudo, quienes quedaron embarazadas producto de una agresión sexual y fueron privadas de someterse a una interrupción legal del embarazo.

Llallagua, Potosí.- La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de Llallagua, el pasado 5 de julio, luego de conocer el caso de una adolescente de 15 años, oriunda de una comunidad del municipio de Sacaca en Norte Potosí, que habría quedado embarazada producto de una violación sexual, intervino para que reciba una valoración médica y se proceda, si correspondía, con la interrupción legal del embarazo, en cumplimiento de la Sentencia Constitujcional 206/2014.

La Defensoría del Pueblo, a partir de este 17 de junio y durante tres meses, movilizará a todo su personal para ingresar a 175 municipios rurales del territorio nacional, donde implementará un plan de actividades para sensibilizar e incidir en la prevención de la violencia, violencia y acoso político, informar y capacitar sobre la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.