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La Defensoría del Pueblo detectó que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales, con relación a la detección y prevención de las ITS y VIH, durante la pandemia de la COVID-19, además que incurrió en una deficiente implementación del registro, entrega y control de las Libretas de Salud, que no adoptó protocolos de bioseguridad y que, incluso, permitió la violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo poblacional vulnerable, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Descarga Informe Defensorial

La Defensoría del Pueblo observó que a dos meses de concluir este año, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP), a la cabeza  del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, recién aprobó el Informe de Ejecución de la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos de la gestión 2019 y el Plan de Actividades para la gestión 2020.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer de las agresiones físicas que un efectivo policial infringió contra una mujer trans trabajadora sexual, en la ciudad de Cochabamba, inició una investigación ya que lo ocurrido muestra actos de discriminación y transfobia, que vulneran y transgreden la normativa.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que señala que trabajadoras sexuales del local “Casa de Senet”, ubicado en la zona Piñami Chico del municipio de Quillacollo, fueron víctimas de violencia institucional, estigmatizadas, afectadas en su dignidad, privacidad e imagen y en su derecho al trabajo. Responsabiliza de excesos y agresiones en contra de ellas, a efectivos de la Policía Boliviana, a una Concejala municipal y funcionarios  ediles.