La Defensoría del Pueblo condena las expresiones violentas y discriminadoras vertidas por la docente Rosario Chávez de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en contra de una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, y exige a las autoridades universitarias que procesen y sancionen esta conducta por las vías administrativa y penal.

La Defensoría del Pueblo advierte la persistencia de hechos de exclusión y afectación social contra las mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, indígena originario campesinos, migrantes, población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, afrodescendientes, personas que viven con VIH, personas con dependencia química, y personas en situación de calle o indigencia.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la decisión del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de establecer como causal de proceso universitario “la difamación y calumnia realizada por cualquier medio ya sea escrito o digital en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas digitales, redes sociales o sistemas informático, disponiendo la contratación de un “perito informático” cuya función específica será “identificar a los posibles agresores a fin de iniciar las acciones disciplinaras o jurisdiccionales correspondientes”.

La Defensoría del Pueblo, a través de la investigación “Límites en la implementación del Sistema Único de Salud”, constató que a más de tres años de su puesta en marcha existen deficiencias que limitan que la población acceda plenamente a las prestaciones de salud que otorgan los hospitales públicos de tercer nivel.