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Defensoría del Pueblo condena las expresiones discriminadoras de una docente en contra de una estudiante de la UAGRM y pide sanciones

La Defensoría del Pueblo condena las expresiones violentas y discriminadoras vertidas por la docente Rosario Chávez de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en contra de una estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, y exige a las autoridades universitarias que procesen y sancionen esta conducta por las vías administrativa y penal.

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Defensoría del Pueblo advierte que persisten hechos de racismo y discriminación que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad

La Defensoría del Pueblo advierte la persistencia de hechos de exclusión y afectación social contra las mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, indígena originario campesinos, migrantes, población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, afrodescendientes, personas que viven con VIH, personas con dependencia química, y personas en situación de calle o indigencia.

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Defensoría del Pueblo observa que Resolución emitida por el Rector de la UMSA vulnera la libertad de expresión

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la decisión del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de establecer como causal de proceso universitario “la difamación y calumnia realizada por cualquier medio ya sea escrito o digital en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de plataformas digitales, redes sociales o sistemas informático, disponiendo la contratación de un “perito informático” cuya función específica será “identificar a los posibles agresores a fin de iniciar las acciones disciplinaras o jurisdiccionales correspondientes”.

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Investigación defensorial constata deficiencias en la implementación del SUS, que limitan el acceso de la población

La Defensoría del Pueblo, a través de la investigación “Límites en la implementación del Sistema Único de Salud”, constató que a más de tres años de su puesta en marcha existen deficiencias que limitan que la población acceda plenamente a las prestaciones de salud que otorgan los hospitales públicos de tercer nivel.


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