La Defensoría del Pueblo manifiesta su rechazo al manejo poco responsable de la noticia de una violación a una niña de 11 años de edad en Yapacaní

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó su rechazo al manejo poco responsable que hicieron los medios de comunicación sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años de edad en el municipio de Yapacaní, que quedó embarazada y que finalmente desistió de practicarse la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en casos de violación a menores de edad.

“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó la autoridad. 

Además, dijo que observa el incumplimiento de funciones por parte del personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de dicho municipio con relación al manejo de la información y al procedimiento de la ILE en caso de violación.

“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE, y el  incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó la autoridad. 

También manifestó su alarma sobre la intervención de una iglesia con relación a este caso y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Dijo que su intención de “apoyo temporal” podría  incurrir en acciones que están fuera de norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado. 

La Defensora del Pueblo manifestó que las niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida. Negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto, indicó que puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación.

Señaló que la OMS establece que el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica en niñas menores de 15 años de edad. Ellas, dijo, corren mayores riesgos de padecer mortalidad y morbilidad materna, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida, como la fístula obstétrica.

“Solicitamos al Órgano Ejecutivo que asuma las recomendaciones del Informe Defensorial ‘Situación de la interrupción legal del embarazo como derechos humanos de las mujeres’, y que priorice la ejecución de políticas públicas de educación para la salud, destinadas a la difusión, protección, atención, de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer”, anunció Cruz. 

Además, indicó que “en cumplimiento de la Sentencia 206/2014, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos bajo el principio de Estado Laico, en el marco del artículo 66 de la Constitución y de las recomendaciones internacionales de protección de los derechos humanos”.