Informe Paro Cívico 36 Días: Defensor del Pueblo exhorta al Estado y a la sociedad a salvaguardar el tejido social y promover convivencia pacífica

Santa Cruz, 30 de octubre de 2023 (UCOM/DP).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Estado y a la sociedad en general a salvaguardar el tejido social y promover convivencia pacífica, como lección aprendida que resume el “Informe Defensorial sobre el Conflicto del Censo Nacional de Población y Vivienda”, conflicto suscitado en la ciudad de Santa Cruz, entre octubre y noviembre de 2022, situación sostenida por 36 días que confrontó a tomadores de decisión y en consecuencia a grupos de ciudadanos en favor y contra el paro cívico.

“No se promovió desde el Estado en todos sus niveles, un diálogo efectivo orientado a la búsqueda de consensos”, dijo Callisaya, a tiempo de presentar el informe en un desayuno trabajo con los medios de comunicación esta jornada en la capital cruceña.

El documento defensorial contiene determinaciones en cuatro categorías: nueve recomendaciones, cuatro recordatorios, una sugerencia y una exhortación, dirigida a instituciones como al Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa Plurinacional, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Comando General de la Policía Boliviana, Gobernación Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Asimismo, el informe establece nueve conclusiones que señalan, por ejemplo, que, durante los 36 días del paro cívico se vivió una intolerancia agudizada en determinados puntos de la ciudad de Santa Cruz.

También el informe concluye que el Estado no cumplió adecuadamente su deber de garantizar el derecho a la protesta; no aplicó la suficiente diligencia debida para adoptar medidas de protección de la vida e integridad física frente a agresiones de otros manifestantes y terceros.

La primera autoridad defensorial explicó que “existió insuficiente capacidad del Estado para asegurar una diligente y efectiva protección de los derechos humanos de la población en la ciudad de Santa Cruz, a la vez que incumplió su obligación de adoptar medidas de protección a favor de los periodistas y trabajadores de la prensa”.

A manera de conclusión, la autoridad defensorial hizo un llamado a la sociedad boliviana en su conjunto, para “recuperar la esencia misma del ejercicio del derecho a la protesta”.

“El derecho a la protesta es fundamental en la construcción del Estado y es importante que las partes que ejercen ese derecho deban ser respetuosas de los derechos de los demás porque no podemos fundar el ejercicio de nuestro propio derecho en la violación del derecho del otro, y esto lo hemos vivido durante este conflicto y otros”, expresó Callisaya durante la presentación del mencionado informe.