Defensoría del Pueblo rechaza el asedio y amedrentamiento de la RJC contra la Fiscalía General en Sucre

La Defensoría del Pueblo condena los actos protagonizados por la denominada “Resistencia Juvenil Cochala” que de forma violenta asedia el edificio de la Fiscalía General del Estado obstaculizando el trabajo de esta institución que tuvo que cerrar sus puertas ante el hostigamiento y el amedrentamiento del que es objeto su personal.

“Preocupa el actuar de este grupo civil que, nuevamente con la permisibilidad de la Policía, durante varias horas se dio a la tarea de bloquear el sector donde se encuentra la Fiscalía General, impidiendo el paso de vehículos y de transeúntes y haciendo detonar explosivos de alto impacto con el objetivo de generar miedo en la población, quemando llantas y afectando ese edificio público”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

Más de medio centenar de jóvenes, entre varones y mujeres, el lunes llegaron hasta la ciudad de Sucre y se apostaron en puertas del Ministerio Público exigiendo la renuncia del Fiscal General, Juan Lanchipa, amenazando con no retirarse del lugar hasta que esta autoridad dimita, quemando llantas y afectando el frontis de ese edificio.

La Defensora manifestó que la protesta es un derecho que debe ser respetado y que las personas o grupos que lo ejercen deben hacerlo de manera pacífica y en el marco de lo que establece la norma y respetando los derechos humanos de las otras personas.

 Recordó que durante el conflicto poselectoral 2019 se conformaron grupos paraestatales que se arrogaron, y aún se arrogan, las funciones de seguridad interna que es de competencia exclusiva de la Policía Boliviana; que, además,  desarrollaron acciones sistemáticas de amedrentamiento afectando la dignidad e integridad de sectores de la población, provocando lesiones y daños graves y permanentes en la integridad personal, así como la afectación a la propiedad privada, pública y de organizaciones sociales bajo la permisibilidad y complicidad de la institución del orden.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo recuerda que es responsabilidad del Estado la protección de la sociedad en su conjunto ante cualquier tipo de accionar  de grupos que en una lógica paraestatal, provoquen violencia contra las personas y propiedad pública.