Defensoría del Pueblo insta al Estado y la población a reforzar los mecanismos de prevención de la violencia y no repetir los sucesos del paro por el censo

Entre octubre y noviembre del 2022, Santa Cruz fue el epicentro del conflicto por la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda, el cual derivó en manifestaciones y bloqueos que confrontó a grupos ciudadanos, a favor y en contra de la convocatoria del Comité Interinstitucional Impulsor de Santa Cruz, instancia que exigía la atención del Gobierno a sus demandas. Los bloqueos y manifestaciones evolucionaron en una escalada de la violencia sostenida por semanas, que derivaron en -directas e indirectas- víctimas de vulneración de derechos humanos, afectando a las y los ciudadanos que trabajan, estudian, comercian y sostienen la economía de sus familias y por con siguiente del país.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su misión constitucional, hizo seguimiento de los hechos acontecidos durante el conflicto identificando vulneraciones de diferentes derechos humanos como la vida, integridad, acceso a la alimentación, atención de salud, acceso a la educación, entre otros aspectos, que afectaron a la población.

Entre muchas vulneraciones de derechos, se registró el impedimento del paso de ambulancias que trasladaban a pacientes oncológicos; se denunciaron agresiones físicas a poblaciones vulnerables como mujeres e indígenas, ente otros; violaciones sexuales; intentos de feminicidios; homicidios; quemas de edificios; saqueos, además del abuso de autoridad de efectivos policiales y el uso desproporcionado de agentes químicos para controlar los disturbios. Los aspectos descritos, no dimensionan en su totalidad, la multiplicidad de las vulneraciones de derechos acontecidos.

Los perjuicios generados por los conflictos son inaceptables en una sociedad que debe garantizar el respeto por los derechos humanos de todas y todos sus ciudadanos, donde un Estado debe dialogar con el pueblo para garantizar la convivencia pacífica, así como lo establecen los tratados internacionales de Derechos Humanos, así como la Constitución Política del Estado.

Convocamos al Estado y a la población en general a no repetir los hechos de violencia y reforzar los mecanismos de prevención. Este punto de inflexión de la cohesión social, debe ser abordado como una oportunidad clave para replantear la manera en que, tanto el Estado como la sociedad, abordan y resuelven los conflictos.

Los principios del diálogo, la tolerancia y la promoción de una cultura de paz deben erigirse como pilares y guías que se adopten y apliquen de forma constante y genuina. Omitir esta responsabilidad conllevaría daños potenciales que podrían menoscabar la convivencia pacífica y socavar el tejido social que el Estado Plurinacional ha construido durante más de una década.

La Defensoría del Pueblo hace hincapié en la necesidad de buscar soluciones pacíficas y consensuadas para los conflictos políticos, en lugar de recurrir a la violencia o a medidas que puedan exacerbar las tensiones existentes. En este sentido, se insta a las autoridades políticas y a los tomadores de decisión a trabajar juntos para encontrar soluciones equilibradas y justas, que permitan promover el bienestar y la convivencia pacífica en toda la sociedad boliviana.

La Paz, 22 de octubre de 2023