DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE AL GOBIERNO A ASEGURAR MEDIDAS EN FAVOR DE SECTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD ANTE UNA EVENTUAL CUARENTENA NACIONAL

Ante el pedido de algunos sectores de que se dicte la declaratoria de una cuarentena nacional, la Defensoría del Pueblo, en caso de asumirse esa medida, exige al Gobierno a tomar previsiones y acuerdos para garantizar, mínimamente, la alimentación y los servicios básicos de los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son los que adquieren su sustento día a día; el no hacerlo implicaría vulnerar el derecho a la alimentación y las mínimas condiciones de vida.

 “Corresponde tomar en cuenta e idear medidas de subsidios en especie a favor de los sectores de la población que subsisten del comercio informal como un refuerzo asistencial que permita a la ciudadanía en situaciones económicas desfavorables contar con el alimento necesario; en línea con los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema regional, alertamos al Gobierno que cualquier medida que asuma para frenar el avance del coronavirus debe considerar y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad y económicamente deprimidos”, manifestó la máxima autoridad de la institución, Nadia Cruz.

 

La Autoridad, además, pidió al Órgano Ejecutivo garantizar, inmediatamente, medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, sin escudarse en límites competenciales, toda vez que los mismos solo resultan perjudiciales para la población beneficiada a quién el Estado le debe protección.

 

De igual manera, señaló que la declaratoria descontextualizada de una cuarentena podría generar inflación, afectación a los pequeños productores, endeudamiento de algunos sectores y acrecentar la conflictividad social; observó, además, el latente riesgo del uso excesivo de la fuerza ante una politización y estigmatización contra quienes observen dicha medida, por lo cual, dijo, es imprescindible que el Gobierno transitorio se abstenga de discursos y acusaciones que tiendan a politizar las demandas y reclamos de los sectores.

 

La Defensoría del Pueblo advirtió que el Decreto Supremo 4196, referido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, incurre en ambigüedades e incoherencias normativas y no especifica los tipos penales para sancionar a las personas que incumplan sus preceptos, lo que podría provocar afectación de los derechos humanos por la aplicación discrecional de la detención preventiva como mecanismo estatal de respuesta, sin considerar que no existe ni ambientes adecuados en este momento de emergencia para ese cometido, en criterios de salud pública. A esto se suma que en algunos casos se amonesta a los que incumplen la disposición y, en otros, se los arresta o que las sanciones varían de lugar a lugar.

 

Cruz, asimismo, expresó temor ante el hecho de que la enfermedad siga con su propagación de forma rápida y se produzca un colapso en los hospitales públicos del país y el acceso a la salud se vea afectado en desmedro de la población en general, por lo cual urge fortalecer los protocolos de bioseguridad para el personal de salud en todos sus niveles. En ese contexto, recordó que la Defensoría del Pueblo, desde hace varias gestiones, realizó observaciones al sistema de salud, a la provisión de medicamentos e insumos en hospitales públicos y de seguridad social, y a las constantes interrupciones en el servicio en desmedro de la población en general; falencias que podrían desembocar en una afectación al personal de salud que atiende a enfermos con el Covid-19, por la falta de equipos de bioseguridad.

 

La Autoridad defensorial manifestó, también, que se evidencia con suma preocupación que en el actual contexto sanitario y social, el Estado no está asumiendo medidas que eviten la propagación de la enfermedad en el área rural, pues conforme a reportes obtenidos por las Delegaciones Departamentales y Coordinaciones Regionales de la Defensoría del Pueblo, se observa la poca información remitida a los sectores de zonas alejadas en su idioma nativo.

 

Por ello, remarcó, el Estado en este tipo de contextos de emergencia debe remitir información oficial y directa a estos sectores a efecto de comunicar cuál es el peligro de la enfermedad; medidas que se deben asumir para evitar el contagio y la propagación e información relacionada a la conducta de las personas en caso de indicios de contagio; cuáles son los síntomas y qué hacer ante la sospecha; a lo que se recomienda adecuar la información a la realidad de cada uno de estos pueblos y zonas rurales.

 

“Lastimosamente las medidas de prevención de ingreso de la enfermedad a Bolivia, o su eventual control rápido, fueron insuficientes por parte del Gobierno; la Defensoría del Pueblo ha evidenciado que el control de personas que llegaron a territorio nacional, tanto a terminales terrestres como aéreas, fue prácticamente nulo. La dilatoria toma de decisiones sobre la enfermedad viene acompañada con la falta de previsiones sanitarias, tanto el nivel central como los niveles sub nacionales esperaron contar con casos de personas contagiadas para desarrollar planes y estrategias de control de la enfermedad”, manifestó.

Urge, añadió, que el Gobierno se preocupe integralmente y no con  medidas aisladas, de manera tal que efectúe una programación inmediata para la aplicación de retrovirales, su abastecimiento y dotación estatal así como la gestión a nivel internacional  con carácter de urgencia para la pronta culminación de investigaciones para su vacuna.