Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a reforzar políticas públicas para prevenir agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes

Cada 9 de agosto, en Bolivia se conmemora el ‘Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes’ como lo establece la Ley N.º 3773 de 2007, fecha, que este año, cobra mayor relevancia porque en los últimos meses se visibilizaron denuncias de este flagelo en espacios educativos, lo que obliga al Estado y población en general a reflexionar los avances y desafíos en la temática.

La normativa boliviana, en lo penal, aborda distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes y su eficacia depende de su implementación y de la voluntad política; es por ello que, a pesar de la existencia del ‘Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes’ (2015-2020), supervisado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, su alcance fue limitado debido a la falta de promoción, difusión y adopción por parte de los operadores del sistema de protección. Es preocupante que, al concluir el mencionado programa, en la actualidad, Bolivia no tenga una iniciativa similar e integral y que la entidad encargada del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, no haya diseñado un nuevo programa para abordar la violencia sexual. La falta de un registro nacional de condenados por delitos sexuales contra esta población a cargo del Ministerio de Gobierno, empeora la situación.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan una tendencia en el incremento de denuncias de violación infante, niña, niño o adolescente y estupro: en 2021 se reportaron 2.091 y 1.552 casos, respectivamente; en 2022, 2.837 y 1.729; en el primer semestre de 2023, se registraron 1.212 y 850. Además, las oficinas del Sistema del Servicio al Pueblo recibieron 270 denuncias (2021), 297 (2022) y 126 (a julio de 2023).

Desde el inicio de la actual gestión, septiembre de 2022, se hizo una minuciosa revisión  de los registros de esta problemática y se efectivizó acciones como las reuniones con instituciones estatales y a con la sociedad civil en la actividad: ‘Voces Unidas frente a la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes’, donde se hizo un llamado al Estado a fortalecer, de forma permanente, los servicios de protección; y a implementar programas de capacitación dirigidos a profesionales de diversas disciplinas, con la participación comunitaria y la adaptación de políticas, en el marco de las realidades regionales, ejecutando evaluaciones y  rigurosos seguimientos de los programas estatales para garantizar su efectividad en la lucha contra la violencia sexual dirigida a esta población vulnerable.

En la actualidad, a nivel nacional, se ejecuta el programa ‘Defensor y defensora estudiantil’, mecanismo de orientación de denuncias donde representantes estudiantiles, en contacto directo con su comunidad, hacen conocer las denuncias sobre este flagelo que se suscitan dentro de las unidades educativas para que, junto a la institución defensorial, se haga el debido acompañamiento.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, impulsando acciones para proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual con enfoque integral de prevención, el debido cumplimiento del proceso y reparación.

“No se puede tolerar la violencia, venga de donde venga”

La Paz, 9 de agosto de 2023