Oficina - Cochabamba

A 10 meses de la masacre de Huayllani en el municipio de Sacaba, la Defensoría del Pueblo acompañó hoy a la comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga y recopila testimonios de los heridos, aprehendidos y familiares de las víctimas para dar con los responsables de los hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre de 2019.

La Defensoría del Pueblo, cuestiona que el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el Colegio Médico de Cochabamba, con la complicidad silenciosa del Ministerio de Salud, pretendan convocar a concurso de méritos y exámenes de competencia para los 350 ítems de médicos, enfermeras, bioquímicos y personal de apoyo quienes ya fueron asignados desde el mes de abril para la atención específica de pacientes con COVID-19, en los hospitales centinelas.

La Defensoría del Pueblo tras gestionar cuatro momentos de diálogo entre autoridades departamentales, municipales con dirigentes y vecinos de la mancomunidad de K’ara K’ara, logró que se suscriba un cronograma de trabajo con compromisos que deben ser asumidos por las autoridades municipales, determinándose levantar el bloqueo y permitir el ingreso de los carros basureros al botadero municipal.

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba, trabajó en coordinación con la Asociación Tukuy Pacha una Propuesta de Ley Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad con el objetivo de establecer políticas municipales para la protección, respeto y promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad en los 48 Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento.

Tras una reunión entre representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, Concejales del mismo municipio, representantes de los sindicatos de transporte pesado (TRANSPECO, ASOTRAM y TRANSPORTE CAPINOTA), sectores movilizados, ejecutivos de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.), con la mediación de la Defensoría del Pueblo, se logró gestionar adecuadamente el conflicto por el transporte de cemento en Capinota, con el planteamiento de una respuesta que espera ser confirmada el día de hoy.

El Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, denunció que durante las etapas de cuarentena rígida, dinámica, mixta y ahora en fase de posconfinamiento que estamos atravesando en la pandemia, algunos servidores públicos policiales continúan aprovechándose de las necesidades de las personas, a quienes les estarían exigiendo pagos extraordinarios para liberar sus vehículos retenidos por incumplir con el permiso o los horarios de circulación vehicular, en rigor a las medidas adoptadas por los municipios del departamento.