Oficina - Santa Cruz

PRONUNCIAMIENTO DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUESTIONA, RECHAZA Y LAMENTA EL ACCIONAR DE ALGUNAS AUTORIDADES QUE ACTUARON FUERA DE TODO CONTEXTO LEGAL, VULNERANDO EL DERECHO DE RESERVA DEL CUAL GOZAN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PRONUNCIAMIENTO DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUESTIONA, RECHAZA Y LAMENTA EL ACCIONAR DE ALGUNAS AUTORIDADES  QUE ACTUARON FUERA DE TODO CONTEXTO LEGAL, VULNERANDO EL DERECHO DE RESERVA DEL CUAL GOZAN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

19 de enero de 2024

Ante la supuesta violación al interior de un hogar de niños, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente:

La Defensoría del Pueblo tiene como prioridad el ejercicio de los derechos humanos de poblaciones vulnerables, en este sentido se comunica que habiendo tomado conocimiento de la denuncia de una supuesta violación sexual al interior de un hogar de protección de niños y adolescentes en el Departamento de Santa Cruz, a través de la Delegación Defensorial Departamental inmediatamente se activaron los mecanismos para priorizar la atención integral y el seguimiento del proceso, buscando garantizar los derechos de las víctimas.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo exige a las instituciones públicas, servidores públicos y en particular a los administradores de justicia realizar un trabajo conforme a sus competencias y con mayor responsabilidad a aquellas que son llamadas por Ley a la protección Integral del niño, niña y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo cuestiona, rechaza y lamenta el accionar de algunas autoridades (Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Santa Cruz de la Sierra) que actuaron fuera de todo contexto legal, vulnerando el derecho de reserva del cual gozan las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares o centros de acogida. Asimismo, estas autoridades violaron el principio procesal señalado en el artículo 93, inciso d) de la Ley 548, del Código Niño, Niña y Adolescente.

Por otro lado, la Ley del Órgano Judicial en su artículo 30, numeral 6, establece la legalidad e indica: "con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia esté sometido a la Ley de su jurisdicción y competencia y no a la voluntad de las personas”.

Ante los argumentos ya mencionados, la Defensoría del Pueblo exige se investigue y sancione a los responsables que actuaron fuera del marco legal, para que estas conductas no se repitan ni por servidores públicos o administradores de justicia.