Oficina - Cochabamba

1 de junio de 2020

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió la denuncia de un despido ilegal y discriminatorio de una trabajadora dependiente de Cancillería de Bolivia en Estados Unidos, debido a que era portadora del coronavirus del COVID-19.

De acuerdo con la nota CITE GM DGAA URH NSE 278/2020 de 28 de mayo de 2020, el actual Jefe de Misión en la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos, Oscar Serrate Cuéllar, solicitó de manera discriminatoria la desvinculación inmediata de la secretaria de esa delegación diplomática.

“Lo hizo bajo engañosos argumentos, totalmente discriminatorios, al enterarse de que había sido contagiada con el COVID-19, debido a que asistió a su fuente de trabajo, aunque lo hizo de manera obligada sin respetar la cuarentena, para atender pormenores administrativos a instrucción del mismo embajador. Es lo que nuestra peticionaria denunció el 29 de mayo de 2020 ante la ministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric, a quien le solicitó reconsiderar su despido injustificado en tiempos de pandemia”, señaló el Delegado Defensorial Departamental Nelson Marcelo Cox Mayorga.

Según detalla la nota, la denunciante habría sido diagnosticada como positiva al COVID-19, el 30 de abril, aunque asintomática. Situación que inmediatamente comunicó para advertir que ya no podía acudir a su fuente laboral conforme a los protocolos establecidos por la OMS, sobre autoaislamiento bajo estricta observación médica.

Sin embargo, “la secretaria de la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos fue obligada a trabajar con alto riesgo de contagio, rompiendo su cuarentena, y posteriormente fue destituida por su condición de portadora del COVID-19. Lo que no sólo es una seria transgresión a las garantías de protección de la estabilidad laboral, reguladas por Decreto Supremo que prohíbe desvinculaciones durante la pandemia; sino también es un acto inhumano y profundamente discriminatorio, que incumplen su propia normativa dejando en vulnerabilidad y desprotección a una mujer boliviana en el exterior”, señaló Cox.

Ante las vulneraciones identificadas en contra de la ciudadana boliviana, cabeza de hogar con dos hijos menores de edad, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento a sus mandatos constitucionales de protección de los derechos humanos, inmediatamente efectuará gestiones para que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, envíe una nota formal a Cancillería, para que esta denuncia sea tramitada de forma conducente como corresponde por la gravedad del caso y se pueda establecer las responsabilidad de los actos discriminatorios denunciados.