Defensoría del Pueblo saluda que EMSA refuerce medidas de bioseguridad para todo su personal
3 de junio de 2020
La Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, la primera semana de abril, después de evidenciar que los trabajadores encargados del recojo de la basura estarían realizando su labor sin el equipo adecuado de bioseguridad correspondiente, registró de oficio una denuncia en contra de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). Hoy el panorama es diferente, puesto que EMSA asumió la determinación de implementar fuertes medidas de bioseguridad para todo su personal, desarrollando tareas de fumigación de sus instalaciones, de los carros basureros, de la basura y de los mercados de la ciudad.
“Al presente la Defensoría del Pueblo saluda que después de las gestiones efectuadas, EMSA haya reforzado los mecanismos de bioseguridad y la dotación de los insumos necesarios a sus trabajadores para realizar tan delicada labor de garantizar el servicio de recojo de basura, mantener la ciudad limpia y desinfectar los espacios públicos”, manifestó el Delegado Defensorial Departamental, Nelson Marcelo Cox Mayorga.
En razón de ello, instó a EMSA, a seguir dotando a su personal de todas las medidas de bioseguridad, considerando que la basura es un vector altamente contaminante y de forma exponencial sobre todo al COVID-19, por ello, la Defensoría del Pueblo destaca la preocupación de protección de derechos humanos que asumió EMSA, no solo pensando en su personal, sino en la salud de la población en su conjunto.
“El enfoque del derecho a la salud es la regla que debe primar en estos momentos de pandemia, y con mayor razón efectuaremos el seguimiento correspondiente, para que los ciudadanos que trabajan en situaciones de exposición a riesgos directos, puedan contar con los adecuados medios de protección de su salud, como máxima que debe ser atendida prioritariamente con relación a la salud pública que demandamos todos” concluyó Cox Mayorga a tiempo de informar que la Defensoría del Pueblo se encuentra realizando un constante seguimiento a las instituciones públicas que se encuentran en primera línea ante los riesgos del COVID-19.