En la ciudad de Sucre, Defensoría del Pueblo socializa el Informe Defensorial "Exclusión y Segregación de las Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional" y los alcances del Decreto Supremo 4846
2 de febrero de 2023
Personal de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, socializó el Informe Defensorial "Exclusión y Segregación de las Personas con Discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional", con padres y madres de familia de estudiantes con autismo, síndrome de down y discapacidad intelectual, de la ciudad de Sucre.
Este informe, evidencia que una de las razones de la exclusión y
segregación en contra de esta población en situación de vulnerabilidad, es que
el 65% de las 90.631 personas con discapacidad registradas en el Sistema de
Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con
Discapacidad (SIPRUNPCD), tiene o cero nivel de instrucción o solo accedió a
niveles primarios. Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30%,
no tienen ningún grado de instrucción educativa, y 31.507, que significa el
35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el
15% llegaron a secundaria.
La existencia de los dos subsistemas, el regular y el alternativo y
especial, está contemplada en la Ley 070, de Educación Avelino Siñani, lo que
refleja que el Estado no ha cumplido con su obligación de eliminar las
desventajas estructurales que permiten la exclusión o la segregación. Esta
separación, asimismo, conlleva el riesgo de que se legitime de manera indirecta
la segregación de esta población, aseveró el Delegado, al momento de la
presentación.
En ese sentido, los padres de familia de las personas con discapacidad
dieron a conocer su preocupación con lo establecido en la Resolución
Ministerial 001/2023, que establece que las personas con discapacidad moderada
deben ser incluidos en el sistema de educación alternativa y especial, a
diferencia de gestiones pasadas en las formaban parte del sistema de educación
regular. Por ello, es necesario trabajar para que los centros de educación
regular, como ocurre en otros países, vayan incorporando a las personas con
discapacidad, a través de una infraestructura adecuada, señaló Mayorga .
Ante la preocupación manifiesta de esta población vulnerable, la
autoridad defensorial anunció la conformación de una mesa de trabajo técnica
con la participación de autoridades departamentales y municipales en el ámbito
de educación y salud, que permitan dar respuestas a las inquietudes de los
padres de familia de personas con discapacidad.
Finalmente, se dio a conocer a los participantes, la ampliación de la
vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 30 de junio de 2023, en
cumplimiento del Decreto Supremo 4846.