Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno medidas de protección para 729 personas que permanecen en distintas regiones del país porque no pudieron retornar a sus hogares  debido a la declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria por el COVID-19, y  comienzan a enfrentar carencias con el transcurrir de los días.

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó al Estado el establecimiento de un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de coronavirus COVID-19, dado que existe una confusión de protocolos y rutas de atención; y solicitó una subvención de gastos funerarios para personas de bajos recursos económicos.

La Defensoría del Pueblo evidenció que un centenar de camiones cargados de frutas, verduras, hortalizas y otros productos alimenticios, se encuentran varados desde el 28 de marzo de 2020 en el sector denominado “Escabeche”, en la ruta entre Caranavi y Quiquibey, en el norte paceño, debido a derrumbes en este tramo carretero, lo que impide que lleguen hasta su destino y afecten el abastecimiento de la población.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran varados cerca de la frontera con Chile, impedidos por el Estado boliviano de retornar al país durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo demanda acciones urgentes al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para permitir el ingreso al país de 150 bolivianos varados en la población de Huara, Chile, cerca de la frontera con Bolivia y que no habrían podido retornar debido a que las autoridades nacionales les habrían indicado que podrán hacerlo el 15 de abril, cuando acaba la cuarentena en el territorio nacional.

La Defensoría del Pueblo observa que existe escasa información oficial sobre las limitaciones del sistema de salud en el país, acerca de la adquisición de respiradores mecánicos, de la cantidad de unidades de terapia intensiva existentes, sobre la provisión de reactivos o insumos para la detección o testeo del COVID-19, y sobre la proyección de contagios en el territorio nacional.

Gracias a gestiones realizadas por la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, se posibilitó que 40 zafreros, previa una valoración médica, puedan ser trasladados hasta sus hogares desde el municipio de Puerto Rico en el departamento de Pando, donde se encontraban abandonados en medio de la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, a través de dos notas remitidas al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Comandante General de la Policía, Gral. Rodolfo Montero, información sobre la reglamentación que regula la forma en que los efectivos policiales realizan el control del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad establecidos en el Decreto Supremo 4200, especialmente a pequeños productores y comercializadores.

La Defensoría del Pueblo demanda acciones inmediatas en favor de bolivianos que se encuentran varados en países como Alemania, Argentina, Chile, Irán y Estados Unidos, y que pretenden retornar al país pero que no pueden hacerlo por diferentes razones, como la falta de recursos económicos y problemas derivados de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.