Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este jueves, presentó dos acciones de inconstitucionalidad abstracta, en contra de los decretos que viabilizan la introducción de semillas transgénicas en el país y restringen la libertad de expresión en cuanto a temas referidos a la pandemia del COVID-19, porque considera que son inconstitucionales, entre otras razones.

La Defensoría del Pueblo lamenta la violencia que se protagoniza en la víspera en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde grupos de personas salieron a las calles  e instalaron puntos de bloqueos para protestar por la ampliación de la cuarentena, la falta de pago de los bonos, incumplimiento en el descuento del pago de los servicios básicos, además de exigir que se realicen las elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo, este 10 de mayo, cuando se conmemora el Día del Periodista Boliviano,   expresa respeto y admiración por el trabajo que desarrollan las y los trabajadores de la prensa, quienes se encuentran en primera línea en las coberturas noticiosas en este contexto tan adverso por el COVID-19, situación que incrementa los riesgos a su seguridad en todas sus dimensiones.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.

La Defensoría de Pueblo informa que de acuerdo al Decreto Supremo N° 4196 referente a la declaratoria de emergencia por el coronavirus COVID-19, las personas con enfermedades de base, personas adultas mayores, personas embarazadas y los padres o madres o tutores de niños menores a 5 años, gozan de una licencia especial con goce de haberes. Para efectivizar este derecho deberán descargar formularios de la página web https://www.mintrabajo.gob.bo, o solicitarlos a su empleador, una vez llenado el formulario deberá ser entregado en la propia institución donde desempeña sus labores y esta licencia entrará en vigencia al día siguiente de su presentación hasta el 31 de marzo del 2020. 

Cabe aclarar, que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020, referido a MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS fue anulado por las DISPOSICIONES DEROGATORIAS del Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020.

La Defensoría del Pueblo alerta que los anuncios gubernamentales de “ciberpatrullaje en redes sociales”, podrían derivar en persecuciones penales que resultarían contrarias a la libertad de expresión, consagrada en las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

La Defensora el Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una “especial vigilancia” sobre Bolivia y la visita de relatores especiales, en vista de que los tratados del organismo internacional se encuentran amenazados en el país.

La Comisión de la Verdad entregó, ayer martes 3, su Informe de Gestión a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en oficinas de la institución protectora de los derechos humanos, consistente en 11 tomos empastados que contienen su investigación sobre los delitos de lesa humanidad acontecidos en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982.