Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras sostener una reunión con las víctimas y familiares de la  denominada masacre de Pedregal, en la zona sur de La Paz, ocurrida el 11 de noviembre de 2019 producto de la incursión policial, reiteró su cuestionamiento al Gobierno porque a siete meses de esos hechos, éstos siguen en la impunidad y no se cumplió con el resarcimiento por los fallecidos y atención médica para los heridos.

La Defensoría del Pueblo advirtió de la existencia de amenazas a la independencia judicial en el país, lo cual se ve reflejado en la detención del juez Hugo Huacani, por una denuncia de prevaricato interpuesta por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Gustavo Melgar, tras haber dispuesto la modificación de medidas cautelares en un causa ordinaria en la que el Gobierno es parte.

La Defensoría del Pueblo, en un seguimiento al trabajo que realizan 56 Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en distintos municipios del país, durante este periodo de cuarentena por el COVID-19, identificó deficiencias en la atención de casos de violencia y que éstas no se encuentran desplegando todo su potencial en realizar acciones oportunas para proteger a esta población.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a que las medidas adoptadas para enfrentar al COVID-19 no agraven las desigualdades que enfrentan las personas LGBT y, por el contrario, le insta a sensibilizar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía para prevenir actos de discriminación y violencia en contra de esta población.

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

El Decreto Presidencial 4213 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, modificado por el 4221, para favorecer a personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, fueron observados por la Defensoría del Pueblo que advierte que éstos establecen un procedimiento dilatorio y burocrático en los trámites que impediría que esta población pueda acceder a esos beneficios.

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo observa que el Ministerio Público y la Policía Boliviana hacen uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales en el caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de la radio Kawsachun Coca, y que se amparan en el Decreto Supremo 4200, sobre la cuarentena contra el coronavirus COVI-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcional.