La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado que los servicios de inteligencia deben respetar las normas y los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo le recuerda al Estado que los servicios de inteligencia deben respetar, de manera rigurosa, la norma y los derechos humanos, y le pide que cese el hostigamiento al ex Procurador General del Estado, José María Cabrera Dalence, por parte del Ministerio de Gobierno, que habría dispuesto una vigilancia ilegal en contra de esa exautoridad. 

“La Defensoría del Pueblo entiende la necesidad de servicios de inteligencia estatal para garantizar la seguridad ciudadana y la del propio Estado, especialmente ante la amenaza del crimen organizado; sin embargo, recuerda que esa labor debe respetar la norma”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Pidió al Estado que “cese del hostigamiento al ex Procurador General del Estado e insta al Ministerio Público a investigar si en las acciones de inteligencia realizadas se hubiese cometido algún acto irregular, que pueda configurar un hecho delictivo”.

De acuerdo con la denuncia expuesta a los medios de comunicación por el Procurador, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habría dispuesto una vigilancia ilegal hacia su persona, durante su estadía en la ciudad de La Paz. 

La Defensoría del Pueblo le recuerda al Estado Boliviano la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a los servicios de inteligencia de los Estados, manifestada en la sentencia de 25 de noviembre de 2003 por el caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.

“La Corte considera que las actividades de las fuerzas militares y de la policía, y de los demás organismos de seguridad, deben sujetarse rigurosamente a las normas del orden constitucional democrático y a los tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario”, señala el documento.

Además, establece que “las medidas tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales”.