LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO OBSERVA LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA APREHENSIÓN DE FELIPA HUANCA

La Defensoría del Pueblo observa las circunstancias en que fue aprehendida la dirigente campesina y ex candidata a la Gobernación del Departamento de La Paz Felipa Huanca, la mañana de este 27 de febrero, según se conoció, por efectivos policiales vestidos de civil.

Ante esta situación, la institución realizó una verificación defensorial en la que conoció que los agentes detuvieron a la señora Huanca a las 9:00, momento en el que sólo le habrían mostrado sus identificaciones antes de subirla a un vehículo, y que posteriormente, a las 9:40, le habrían mostrado un mandamiento de aprehensión. 

La institución defensorial evidenció la existencia de un mandamiento de aprehensión de 26 de febrero de 2020 y un acta de aprehensión de 27 de febrero. Esta última consigna, que la señora Huanca fue retenida a las 10:35, cuando en realidad fue interceptada a las 9:00, como indica Huanca. Ella ingresó a celdas policiales a las 11:35. Estos antecedentes reflejan la premura con la que se cumplió dicho instructivo.

Llama la atención que ayer, o sea el 26 de febrero, el actual Director Nacional del FONDIOC, Rafael Quispe, presentó un memorial en el que solicita la aprehensión de la dirigente campesina, bajo el argumento de una posible fuga, y en el que advierte que si ella abandona el país sería responsabilidad de Ministerio Público y de la Policía. Esto hace presumir que el Ministerio Público emitió el mandamiento de aprehensión a raíz de estas actuaciones y sin una citación o notificación previa para que ella preste su declaración.

Asimismo, se observa que entre la señora Huanca y Rafael Quispe existe una clara animadversión, a raíz de que en 2015 ella inició un proceso penal en su contra por acoso político, proceso por el cual el actual Director del FONDIOC estuvo detenido en, al menos, dos ocasiones.

Ante estos hechos, la Institución Defensorial comparte lo expresado hoy por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, cuando señaló que su oficina está preocupada "por la imputación de decenas de antiguos altos cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua administración" de Bolivia. Posición que está en sintonía con el Informe País de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que advierte sobre la existencia de “un patrón de graves violaciones de derechos humanos de quienes manifiestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo”.

La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público sujetarse al marco jurídico constitucional y respetar el debido proceso y los derechos humanos.  

La Paz, 27 de febrero de 2020