La Defensoría del Pueblo demanda a la Policía Boliviana procesar a efectivos que hicieron uso desproporcional de la fuerza en contra de personas con discapacidad

La Defensoría del Pueblo demanda al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de efectivos y autoridades policiales que efectuaron, instruyeron o consintieron actos desproporcionados en el uso de la fuerza y actos crueles e inhumanos en contra de personas con discapacidad, que realizaron protestas entre septiembre y octubre del pasado año en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Esta demanda está contenida en la Resolución Defensorial DP/AVEDH/N° 02/2020, referida al accionar policial durante la protesta de las Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad de La Paz, Cochabamba, Oruro, Pando, Beni, Tarija, Potosí y Chuquisaca y la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), que en los meses señalados exigieron al Órgano Ejecutivo un bono único y excepcional para sobrellevar la emergencia sanitaria.

“Durante las protestas de las personas con discapacidad, efectivos policiales de la UTOP hicieron uso desproporcionado de la fuerza y cometieron tratos crueles e inhumanos en contra de las personas movilizadas, al hacer uso irracional de gases pimienta en spray contra personas que por su condición no tenían la posibilidad de dispersarse o huir de los efectos tóxicos de estos agentes químicos”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Además dijo que los efectivos policiales “también cometieron tratos crueles e inhumanos, al momento de impedir y dificultar la entrega de colchones, frazadas, vestimenta, agua, mates, pañales y otros elementos que eran esenciales para las personas con discapacidad, incluso adultos mayores y mujeres, que cumplían una huelga de hambre en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo”.

En la resolución, la Defensoría del Pueblo recuerda al Órgano Ejecutivo, a través de la Ministra de la Presidencia, el deber que tiene de atender oportuna y con carácter de primacía las solicitudes o demandas de las personas con discapacidad, a fin de evitar que asuman medidas de hecho que pudieran afectar su integridad personal, además que se deben de agotar las instancias de diálogo y solución pacífica de conflictos.