Defensoría del Pueblo rechaza paro médico y demanda al sector salud y al Gobierno abrir espacios de diálogo

La Defensoría del Pueblo lamenta la decisión del Consejo Nacional de Salud (CONASA) de decretar el inicio de un paro médico nacional en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria; y pide a este ente sustentar las medidas de presión anunciadas y que las protestas que protagonizan estén enmarcadas en la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2.

Si bien se reconoce el derecho a la protesta del sector salud como grupo vulnerable frente a la COVID-19, sus demandas deben ser razonables y se deben agotar todas las vías de diálogo. Es importante resaltar que el derecho a la protesta puede ser limitado cuando se trata de proteger un bien jurídico mayor como es la salud de la población, y las amenazas de un paro indefinido se constituyen en un riesgo a la salud de las y los bolivianos.

La Institución Defensorial ha realizado seguimiento al proceso de elaboración de la Ley de Emergencia Sanitaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como a las observaciones realizadas por el Colegio Médico de Bolivia y las modificaciones al proyecto; y cuenta con información oficial de los acuerdos a los que se arribaron y que han sido acatados por el Gobierno central, no encontrándose un punto de debate que justifiquen las medidas anunciadas por el sector de salud.

Asimismo, se conoce de las insuficientes medidas de bioseguridad para el personal médico y la falta de capacidad resolutiva del sistema de salud, por lo que exige al Estado asegurar los recursos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia y demanda a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para que, en el marco de sus competencias, continúen y amplifiquen la atención de estas demandas.

La Ley de Emergencia Sanitaria establece medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria relacionadas a  la  regulación de precios del servicio que prestan las clínicas privadas y de medicamentos y dispositivos  médicos, lo cual no podrían ser considerados actos arbitrarios ni lesivos de derechos cuando se trata de precautelar la salud de la población, lo cual es evidente en las quejas que la Institución Defensorial ha registrado sobre centros médicos privados que realizan cobros excesivos y anticipados por la atención a pacientes COVID-19.

En ese contexto, es fundamental que la Ley de Emergencia Sanitaria sean socializada a la población para evitar una interpretación errada y generar certeza en los actores. 

La Defensoría del Pueblo exhorta al nivel central del Estado a convocar al diálogo para resguardar el derecho a la salud de la población recordándole que la garantía de continuidad de los servicios de salud está bajo su responsabilidad.

La Paz, 18 de febrero de 2021