DEFENSORIA DEL PUEBLO PIDE SE PROCESE A PERSONAL DE LA FISCALÍA DE POTOSÍ POR MALA ACTUACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN LEGAL DE EMBARAZO

La Defensoría del Pueblo le recordó al Ministerio Público la especial protección que tienen las mujeres en situación de violencia sexual y el derecho que éstas tienen a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) sin que medien posiciones morales en contrario, razón por la cual pidió el procesamiento interno del personal de la Fiscalía de Potosí que atendió a una adolescente de 15 años víctima de violación, que no recibió atención oportuna y a quien se intentó influir para que continúe con el embarazo producto de la agresión sexual.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que personal de la Delegación Defensorial de Potosí atendió el caso de la adolescente, cuya madre indicó que ante la solicitud de la aplicación de la ILE, el fiscal que conoce la denuncia que interpuso por la violación que habría sufrido su hija, éste le manifestó que estaba a la espera de un informe de la trabajadora social para determinar dicha interrupción; y que, además, está funcionaria habría dado a entender que la adolescente no estaba decidida, que lo piense hasta el día siguiente o “de lo contrario asuma la maternidad y que sea un escarmiento para ella”. 

Esto, dijo Cruz, muestra un total desconocimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014, que señala que para proceder a la interrupción legal del embarazo, sólo se requiere de la copia de la denuncia en casos de violación sexual y no exige la presentación de una orden judicial o fiscal.

La Defensora observó, asimismo, que pese a la denuncia de la víctima, se aminoré la gravedad del hecho delictivo y no se considere el contagio  de una enfermedad de transmisión sexual, que habría sufrido. 

Tras las acciones realizadas por la oficina de Potosí, el pasado 14 de enero la adolescente fue internada en la Clínica CIES de Potosí donde se procedió a la interrupción del embarazo en el marco de lo señalado en la Sentencia Constitucional 206/2014; y este jueves fue dada de alta y llevada a su domicilio para su completo restablecimiento.

La Defensora observó también que este procedimiento se realizó cinco días después que la madre de la víctima presentará la denuncia ante la FELCV y que fuera derivada a la Fiscalía, instancias, que según se evidenció, no informaron del hecho a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como establece la normativa cuando en el hecho involucra a una menor de edad.

Personal defensorial que atendió el caso, evidenció que tanto la víctima como su familia, desconocían sobre el procedimiento a seguir para la ILE, y que la FELCV ni el Ministerio Público, en ningún momento brindaron información necesaria al respecto.

La Defensoría del Pueblo, asimismo, hace seguimiento a la solicitud hecha por la madre al Ministerio Público para que se cambie el tipo penal de la denuncia, de estupro a violación sexual; el fiscal asignado al caso, informó que analizará si existen los elementos para proceder con el cambio.