DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE GARANTIZAR ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE NUEVO DESPLIEGUE DE FUERZAS CONJUNTAS

La Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones estatales, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país, y el respeto de los derechos civiles y políticos de toda la población boliviana, que posibiliten alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el despliegue, en las últimas horas, de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana, ante los antecedentes de sucesos como los de Sacaba y Senkata, cuando 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales se produjo en un contexto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Es importante recordar que tanto la Policía Boliviana como las Fuerzas Armadas deben enmarcar sus intervenciones en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, precautelando los derechos a la vida, integridad, salud y dignidad de la población y considerando que cualquier exceso cometido es pasible de generar responsabilidad penal individual para sus autores y responsabilidad internacional al Estado Boliviano.

Se recuerda que el artículo 244 de la Constitución Política del Estado establece como misión fundamental de las Fuerzas Armadas el “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”; mientras que el artículo 251 del mismo texto Constitucional establece que “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. 

La Institución Defensorial también recuerda a las agrupaciones y organizaciones sociales que, si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos; en ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley.

Finalmente, ante el anuncio del Ministerio de Defensa sobre el inicio de las actividades de erradicación de coca excedentaria a partir del 20 de enero, la institución defensorial considera que, si bien es una tarea necesaria para combatir el narcotráfico, también debe considerarse el delicado momento que se atraviesa en la región, por lo que se insta a la Máxima Autoridad de ese despacho, a agotar las vías de diálogo y concertación con la gente que habita el lugar y con quienes son parte de las federaciones de cocaleros.