DEFENSORÍA DEL PUEBLO IMPULSA AGENDA DE POLITICA PÚBLICA A FAVOR DE LA NACIÓN ORIGINARIA URU DEL LAGO POOPÓ

Oruro, 12 de noviembre de 2021.- La Defensoría del Pueblo impulsó el diseño de una agenda de política pública en favor de la Nación Originaria Uru del Lago Poopó, que se materializó en el encuentro denominado Chay, realizado hoy en la comunidad Vilañeque, de Challapata del departamento de Oruro.

En el evento, que se concretó a iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que hace tiempo realiza gestiones ante el Estado para el diseño de una política pública en favor de esta nación, participaron el Viceministerio de Autonomías, INRA, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Agencia Estatal de Vivienda, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal; Gobernación de Oruro, el diputado nacional y asambleísta departamental de Oruro de los Urus.

Entre los compromisos asumidos, los representantes del INRA señalaron que facilitarán información para que se trabaje la propuesta de tierras. Además, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras expuso sus programas que pueden favorecer a los Urus del Lago Poopó.

Por su parte, el Viceministro de Autonomías se comprometió a convocar a una reunión técnica a los tres municipios donde se ubican los Urus a fin de establecer una agenda para obtener representación directa como pueblo minoritario, entre otros resultados.

Los Urus del Lago Poopó, conformado por las comunidades Vilañeque, Tinta Maria y Llapallapani, de los municipios de Challapata, Poopó y Huari, respectivamente, es considerado uno de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, ya que se encuentra en riesgo de extinción física y cultural.

Actualmente, el lago Poopó, fuente de vida para los Urus, atraviesa una sequía, la cual ha impedido que sus habitantes accedan a sus principales fuentes de sustento. Por este motivo, se requieren acciones inmediatas de prevención, protección y fortalecimiento, que deben ser asumidas por el nivel central de Gobierno, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, como señala la Ley N.° 450 de protección a las naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo seguirá realizando acciones de incidencia y seguimiento para la protección de los derechos de este pueblo indígena, cuya sobrevivencia está en riesgo por el cambio climático y por la falta de acciones concretas para salvaguardar su existencia física y cultural.