Defensoría del Pueblo gestiona cumplimiento constitucional para interrumpir el embarazo de adolescente víctima de violación sexual en Caraparí

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Coordinadora Regional de la Defensoría del Pueblo, Janeth Paredes, informó que este caso fue coordinado con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Caraparí, para trasladar a la víctima desde el Hospital Virgen de Guadalupe en ese municipio, donde ella vive, hasta Yacuiba con las medidas necesarias  por la cuarentena por el COVID-19.

Paredes indicó que la adolescente, según se conoció, ya había sido víctima de otros dos hechos de violación, por los cuales dio a luz a dos niñas, que hoy tienen dos y un año de edad, lo que evidenciaría que, si bien el agresor fue condenado y actualmente cumple sentencia en un recinto penitenciario por ese delito, en esas dos oportunidades la adolescente no accedió a los servicios de salud en el marco de lo que establece la Sentencia Constitucional 206/2014, lo cual es investigado por la institución defensorial.

En el presente caso, la Defensoría del Pueblo, también realiza el seguimiento al avance del proceso penal para que se cumpla con la aprehensión dispuesta al sindicado, quien sería un familiar de la víctima, ya que por la cuarentena, la Fiscalía de Yacuiba solo estaría atendiendo casos de personas aprehendidas por delitos en flagrancia, obviando la obligación de garantizar el interés superior de niñas y adolescentes y de proteger de inmediato a víctimas de toda forma de violencia.

 La situación se agrava, dijo Paredes, porque el municipio de Caraparí desde principios de año no cuenta con Fiscal asignado, por lo que las víctimas que buscan justicia deben desplazarse hasta el municipio de Yacuiba corriendo riesgos serios de salud y las dilaciones que implican la distancia y el traslado para cualquier proceso penal.