Defensoría del Pueblo demanda a las instancias competentes protección efectiva para la asambleísta de Potosí víctima de acoso político

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

“Los actos de violencia cometidos contra la asambleísta departamental y su familia tienen su origen en actos de presión, violencia y acoso político que tuvieron la finalidad de inducir a la autoridad democráticamente electa a presentar su renuncia, en total desconocimiento de las normas vigentes que la amparan”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

El pasado 17 de junio, en una reunión realizada en la localidad nortepotosina de Macha, Vargas firmó un Acta de Compromiso en la que renuncia “voluntariamente”, para viabilizar la pacificación de esa región que inició protestas por la destitución del Gobernador de Potosí, Omar Veliz. El 11 de junio, comunarios de esa población intentaron incendiar la vivienda de esa autoridad a fin de presionarla para que renuncie, y su familia tuvo que huir del lugar. 

Cruz afirmó que la institución no avala la renuncia, supuestamente “voluntaria”, de la legisladora departamental y recordó a las autoridades nacionales departamentales, municipales, indígena originario campesinas que la participación política de las mujeres es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y emana de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo obligación del Estado asumir todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y respeto de estos derechos. 

Explicó que la presencia de la Delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez, en la reunión en la que se firmó el Acta de Compromiso, tuvo como fin el acompañamiento de la asambleísta para preservar su integridad, “de ninguna manera para avalar una renuncia que observa la Defensoría del Pueblo por ser ilegal y por darse en un marco de presión y acoso político”. 

“Vivimos momentos de alta tensión política que junto a la inseguridad que estamos atravesando a raíz de la emergencia sanitaria, pueden derivar en actos que ponen en riesgo la vida de las personas, situación que la Delegación Departamental Defensorial de Potosí, ha tenido que sopesar a tiempo de realizar el acompañamiento y la firma de un acta, para  garantizar la seguridad de la asambleísta y sus familiares”, manifestó Cruz.

La Autoridad observó que desde el inicio de este conflicto, el pasado 11 de junio, ninguna autoridad local, departamental y menos nacional se hizo presente en la población de Macha para promover el diálogo y las acciones que permitan pacificar esa zona que reclamaba por la destitución del Gobernador Departamental. El 12 de junio, tras los violentos incidentes en los que afectaron la vivienda de la asambleísta, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, declarar como ilegal una renuncia de Vargas, porque la misma se daría en un contexto de acoso y violencia política, hostigamiento y presión.

La institución, asimismo, remitió notas a las autoridades de la Asamblea Departamental de Potosí, del Comando Departamental de la Policía y de la Fiscalía Departamental, para conocer las acciones llevadas adelante para garantizar la seguridad de la asambleísta y de su familia, sin respuesta ni medidas que se hayan podido corroborar.

Cruz, instó a la bancada nacional parlamentaria de Potosí, a los asambleístas departamentales de esa región,  a la Policía Boliviana y a las instituciones que trabajan en la temática de género a promover acciones que garantice los derechos políticos de la asambleísta Vargas y, conjuntamente la Defensoría del Pueblo llegar al lugar para establecer un espacio que permita  la población entender la importancia del respeto de los derechos y la necesidad de sancionar la violencia ejercida contra la legisladora.