Defensoría del Pueblo advierte que el Estado incumple su deber de garantizar educación, salud, calidad de vida, locomoción e integridad de los vecinos de las zonas donde se desarrolla el conflicto de ADEPCOCA

La Defensoría del Pueblo advierte que el Estado está incumpliendo su deber de garantizar el derecho a la educación, la salud, calidad de vida, libertad de locomoción e integridad de los vecinos de las zonas Villa Fátima, Villa El Carmen y aledañas, donde desde hace cuatro semanas se padece el conflicto de Adepcoca, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad informó que la Delegación Defensorial de La Paz, realizó hoy una verificación conjunta con representantes de la Junta de Padres de Familia de Unidades Educativas del Distrito de Educación 3, Sindicato Virgen de Fátima, Asociación Comunitaria y Control Social del Distrito 13, en el sector afectado por las movilizaciones, desde la Plaza del Maestro.

En la verificación se pudo constatar que el conflicto de ADEPCOCA ha incidido de manera negativa en la calidad de vida de los vecinos, y que la falta de respuesta de las autoridades competentes para resolver estos enfrentamientos ha generado una percepción de desamparo por parte de la ciudadanía.

El Director General del Hospital San Francisco de Asís se quejó y dijo "se debe trasladar a los pacientes de un lugar a otro, se cuenta con pacientes niños, ancianos, discapacitados y en terapia intensiva”.

Además, lamentó que los enfermos renales no puedan acceder a las sesiones de diálisis debido a los conflictos.

En la unidad educativa Irene Nava, la Junta Escolar de Padres de Familia denunció que los alumnos pasan clases solo de 08.00 a 10.30. Sus representantes mencionaron que solicitaron a la EPI La Merced presencia policial, pero que la respuesta fue negativa.

 “La EPI La Merced en vez de precautelar ha replegado a los oficiales policiales”, indicó Esteban Mamani Paucara, Vocal Territorial del Organismo de Participación y Control Social del Distrito 13.

La Defensora añadió que el personal de la Delegación Defensorial también verificó la situación en las unidades educativas La Merced y Hernando Siles en sus tres niveles, Pablo Iturri, Kalajahuira y Simón Rodríguez Carreño, donde constató que también modificaron sus horarios de ingreso y salida, así como la modalidad de enseñanza de presencial a virtual, debido a los conflictos.

Indicó que las autoridades policiales admitieron, en parte, la falta de control en la zona. En la EPI La Merced, su comandante el coronel Valda aseguró que o “efectivamente este conflicto distrae la seguridad de la zona, no estamos cubriendo cuatro o cinco colegios; sin embargo, se está cubriendo todos los demás. Hay colegios que han tenido que cerrar porque no se están cubriendo, pedimos comprensión a la población. Son ellos los que no quieren dialogar”.

La verificación defensorial finalizó en el Hospital Municipal La Merced, donde de igual forma los galenos manifestaron su preocupación respecto a los efectos de la gasificación y dinamitas en los pacientes.

Ante la preocupación de los padres de familia de las unidades educativas afectadas, Cruz recordó que la obligación, no solo del Estado sino también de la sociedad y la familia, es garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente. 

"Las autoridades competentes y partes involucradas deben evitar el ejercicio de toda forma de violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, y deben garantizar el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el ámbito escolar", enfatizó la Defensora. 

Así también, dijo que se exige a los efectivos de la Policía Boliviana y a los sectores movilizados no generar barreras que restrinjan el acceso a los establecimientos médicos. Remarcó que se debe evitar el obstaculizar la prestación de servicios de salud, dificultar el tránsito del personal sanitario; y que se debe garantizar la protección del personal médico de estos servicios.