Defensora cuestiona lentitud estatal en la implementación de acciones efectivas en contra de la trata y tráfico de personas

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó la lentitud en la implementación de acciones y políticas públicas para prevenir la trata y tráfico de personas, demandó a las instancias gubernamentales, nacionales y departamentales, a trabajar de manera efectiva contra estos delitos e implementar acciones que incidan en una lucha eficaz, priorizando a niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, potenciales víctimas de este flagelo.

“Observamos que recién en octubre de 2020 se haya aprobado el Plan Anual de Actividades del Consejo Plurinacional contra Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP); asimismo, observamos la ausencia en el funcionamiento de los Consejos Departamentales de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, peor aún, en el caso del departamento del Beni donde ni siquiera ha habido convocatoria desde la Presidencia o acciones de esta instancia desde 2018”, manifestó.

La falta de un plan anual del CPCTTP, para la Defensoría del Pueblo, incidió en la ausencia de lineamientos o directrices a las entidades nacionales que la componen, además de escasa coordinación con las entidades territoriales departamentales.

Cruz recordó a los Gobernadores de los nueve departamentos del país que conforme señala Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, corresponde a la Gobernadora o el Gobernador del departamento presidir el Consejo Departamental, a efecto de la implementación y evaluación de la Política y Estrategia de Prevención, Atención, Protección y Reintegración Integral en su departamento. 

También demandó celeridad en la ratificación del Protocolo 2014 de la OIT y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por parte del Estado boliviano, instrumentos que coadyuvarán en la lucha contra la trata y tráfico de personas y que al presente no han merecido la atención prioritaria y suficiente por parte de las entidades responsables de su tratamiento.

“Exigimos a las autoridades nacionales y subnacionales a generar políticas públicas acordes a la necesidad de encaminar acciones eficaces para combatir la trata de personas en sus diferentes modalidades con énfasis en la prevención de ese delito”, indicó.

De acuerdo a datos de la Policía Boliviana, durante 2020, pese a las restricciones por la crisis sanitaria por la pandemia, se registraron, a nivel nacional, 416 denuncias sobre delitos insertados en la legislación penal por la Ley 263, de los cuales 289 corresponden al tipo penal de trata de personas. 

De igual manera, se advierte que, de enero a mayo de la presente gestión, los delitos relacionados a la trata y tráfico de personas ascienden a 455, de los cuales alarma que 389 correspondan a casos de trata de personas. En ambas gestiones, el departamento de La Paz acumuló un total de 457 casos que representa el 67,4% del total de casos denunciados registrados en ambas gestiones.

La Defensoría del Pueblo recibió 56 denuncias relacionadas a estos delitos, durante 2020 y el primer semestre de 2021, referidas a la falta de atención de las instancias competentes, solicitud de apoyo o falta de información.