COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 15/03/21

La Defensoría del Pueblo expresa su repudio ante intentos de desvirtuar, aminorar o eludir la responsabilidad de los actores políticos que convocaron a la ruptura de la seguridad interna y externa del Estado para, posteriormente en reuniones aisladas y No institucionales en aulas de una Universidad de la ciudad de La Paz -sin ser representantes o agentes estatales-, definieron su “plan b” para la toma de poder que finalmente recayó en la señora Jeanine Áñez, pero con su participación directa e indirecta en distintas reparticiones estatales.

Ratifica su posición respecto a que en Bolivia se produjo una  “Crisis de Estado” (https://www.defensoria.gob.bo/noticias/informe-defensorial-concluye-que-el-gobierno-transitorio-cometio-delitos-de-lesa-humanidad-durante-el-conflicto-poselectoral-de-2019) donde el desarme institucional dejó en absoluta desprotección a la población civil, principalmente, entre el 8 y 11 de noviembre de 2019 y que como consecuencia de las intervenciones policiales y militares, e incluso paraestatales, se perdieron 37 vidas, 861 personas sufrieron afectación a su integridad física y se llegó a limitar la libertad personal de 1.531 ciudadanas y ciudadanos.  

Corresponde aclarar que la seguridad interna dentro del Estado Boliviano fue quebrada el 8 de noviembre de 2019 a través del motín policial nacional, y la seguridad externa del Estado estuvo ausente a partir de ese momento hasta el 10 de noviembre de 2019, exactamente a minutos de que el ex Presidente Evo Morales hiciera pública su renuncia; en ese marco, entre el 9 y 10 de noviembre se produjeron una serie de actos de persecución contra ex autoridades, tanto del Ejecutivo y del Legislativo así como de sus familiares, con la finalidad de lograr su dimisión, teniendo como efecto inmediato la imposibilidad de que pueda instalarse la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

La Defensoría del Pueblo recuerda que hasta el 10 de noviembre de 2019 se consolidó una ruptura del orden jerárquico institucional, porque la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas no respondían a órdenes del ex Presidente  Evo Morales ni de los Ministros del área, en ese sentido se sugirió a las dos ex Autoridades su dimisión a fin de evitar enfrentamientos sangrientos entre bolivianas y bolivianos y que se pueda retomar la seguridad interna del país para impedir la pérdida de vidas humanas.

Por todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo exige a los Órganos de Poder, y las Instituciones del Estado el esclarecimiento y sanción de todas las afectaciones y violaciones de los derechos humanos producidos en nuestro país entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre de 2019.

Finalmente, se hace conocer que la página web, así como las redes sociales de la Defensoría del Pueblo son “vulnerables” desde noviembre de 2019 como consecuencia del trabajo de denuncia sobre violación de derechos humanos en defensa de la población, por lo que aclaramos que la eliminación del comunicado y el mensaje en Twitter no corresponde a una definición institucional, por lo que en un marco de transparencia se ha repuesto dicho comunicado de fecha 10 de noviembre de 2019. 

La Paz, 15 de marzo de 2021